El Nuevo Día- http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/gobiernoencrisislosgastosimprudentes-columna-2319005/
A menudo nos escuchamos los unos a los otros señalando lo que entendemos son gastos innecesarios en el gobierno de Puerto Rico. Algunos alzan su queja por el gasto en la nómina gubernamental, otros ven innecesario el gasto en los beneficios de los legisladores. Otros tantos entienden que deben reducirse las contrataciones por concepto de consultoría y servicios profesionales en las tres ramas del gobierno. Otros vemos innecesario el pago de una deuda pública a todas luces ilegal, cuyos pagos comprometen una tercera parte del presupuesto anual de nuestro gobierno y proponemos su auditoría y reestructuración como mecanismo capaz de ponernos en condición de salir de la crisis fiscal que atravesamos.
Lo cierto es que a lo largo de los pasados 10 años, el Gobierno de Puerto Rico ha reducido casi una tercera parte de su gasto en nómina. De igual forma, hace cuatro años la Asamblea Legislativa eliminó los beneficios de dietas y estipendios de transportación a los legisladores. Por otra parte, a principios de este cuatrienio, mediante orden ejecutiva, el Gobernador Rosselló solicitó la reducción de un 10% en el gasto de la Rama Ejecutiva por concepto de contrataciones, lo cual está por verse si en efecto, ha sido implementado. En cuanto a la auditoría y reestructuración de la deuda pública, sabemos cuáles han sido las acciones de esta Administración: desmantelar y eliminar mediante legislación la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, haciendo caso omiso al reclamo de un pueblo que no puede continuar pagando una deuda ilegítima.
Sin embargo, hay un gasto que tanto esta, como pasadas administraciones han preferido ignorar. Se trata de un gasto imprudente y reprochable, que es sufragado por el bolsillo de los contribuyentes. Se trata del astronómico gasto gubernamental en escoltas policiacas a algunos de nuestros funcionarios y ex funcionarios públicos. La Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico dispone que se le brindará protección policiaca al Gobernador, al Secretario de Estado, a la Comisionada Residente, a los Presidentes de los Cuerpos Legislativos y a los ex Gobernadores de Puerto Rico. Este gasto asciende a 1.1 millones de dólares al mes y más de 13 millones de dólares al año.
Como si fuera poco, resulta que ahora el Presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión III y el representante del Gobernador ante este organismo supervisor, Elías Sánchez Sifonte, se han sumado como beneficiarios de los servicios de escoltas policiacas pagadas por el Pueblo de Puerto Rico. Con 13 millones de dólares evitamos el cierre escuelas y pagamos la auditoría de la deuda, pero para José Carrión III y Elías Sánchez, son más importantes sus escoltas.
En la Cámara de Representantes hemos encaminado un esfuerzo que eliminaría el privilegio de las escoltas policiacas a los funcionarios de la Junta de Supervisión Fiscal. De este modo contribuimos con prudencia y sensatez en la utilización de los fondos públicos del pueblo puertorriqueño. En manos de los presidentes de los Cuerpos Legislativos, queda la aprobación de la medida.
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