El Nuevo Día-

Recientemente el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Christián Sobrino Vega, le envió una certificación a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, en la que le informa que esa institución le adeuda la cantidad de $152.2 millones al Municipio de San Juan, según los saldos disponibles en las cuentas del Municipio.

Además, le adeudan $22.7 millones del sobrante de la Contribución Adicional Especial (CAE) del año 2016, $3.3 millones en intereses calculados al 31 de marzo de 2017, $8 millones en préstamos saldados por el Municipio y $6.4 millones que el BGF depósito en una cuenta especial en el Banco Popular de Puerto Rico designada como Fideicomiso. Ese dinero pertenece a la gente de San Juan, pues provienen de las contribuciones que pagan los ciudadanos de la Capital.

El Municipio de San Juan necesita esos fondos para cubrir los servicios esenciales que brinda a la ciudadanía como son los servicios de salud, seguridad, el recogido de basura, la repavimentación de carreteras y el mantenimiento de instalaciones recreativas, entre otros. Con la retención de estos fondos están afectando los servicios directos a los sanjuaneros.

Ante esta situación, decidí invitar públicamente a los representantes por los Distritos de San Juan a que superemos las diferencias partidistas e ideológicas y nos unamos al esfuerzo de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz para lograr que el Banco Gubernamental de Fomento le pague al Municipio de San Juan los $152.2 millones de dólares y los otros fondos que le adeudan.

Estoy seguro que los compañeros representantes PNP, Eddie Charbonier (Precinto 1), Oscar Morales (Precinto 3), Víctor Parés (Precinto 4) y los senadores del Distrito de San Juan Miguel Romero y Henry Newman se unirán a este reclamo y al esfuerzo para lograr que el Banco Gubernamental de Fomento le pague al Municipio de San Juan el dinero que le adeudan y que pertenecen a nuestros constituyentes.

Los emplazo a que le exijan al Presidente y a la Junta de Directores del BGF a que le devuelvan al Municipio de San Juan los $152.2 millones y todos los demás fondos que le retienen ilegalmente. De esta forma se evitará un largo proceso en los Tribunales. Como legisladores por San Juan no podemos permitir que continúe este discrimen que afecta los servicios a los ciudadanos de la capital.

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