El Nuevo Día-
En su testimonio ante la Cámara de Representantes, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy Rivera, prácticamente confirmó que el Gobierno de Ricardo Rosselló se apresta a aprobar un presupuesto para el año fiscal 2017-2018 sin hacer un cuadre creíble entre los ingresos que tendrán disponibles y los gastos que proponen.
¿Qué como lo hizo? Sencillo. En su comparecencia, el secretario del DDEC le confirmó a la Cámara de Representantes que la proyectada reforma contributiva de la actual administración no se presentará a la Legislatura hasta entrados los meses de agosto o septiembre.
Esto es un acto temerario e irresponsable porque no se puede aprobar un presupuesto cuadrado si aún no se sabe cuál será el sistema contributivo que aplicará, que no es otra cosa que la fuente de los ingresos. No pueden afirmar que va a estar cuadrado sin saber cuáles son los nuevos impuestos, con sus estimados, o los allegados alivios. Están, como en el embeleco plebiscitario, dando palos a ciegas.
El presupuesto presentado está basado en unos $924 millones de dólares en nuevos ingresos que el Gobierno no ha explicado adecuadamente. De hecho hay sobre unos $400 millones que a esta fecha no se tiene ninguna idea de dónde saldrán. La única conclusión es que saldrán de nuevos impuestos, adicionales a las decenas que ya han legislado desde enero.
Peor aún, el secretario Laboy le informó a la Comisión de Hacienda que la reforma contributiva podría ser aprobada para diciembre de este año. ¿Qué quiere decir eso? ¿que tendrá efecto retroactivo sobre las contribuciones de este año o que pospondrán la vigencia de la misma hasta el 2018-2019? Entonces, si posponen la vigencia de dicha reforma no pueden usar ni los nuevos impuestos que establezcan, ni los supuestos alivios contributivos en sus proyecciones de ingresos para el año fiscal 2017-2018. Una vez más, este Gobierno demuestra su falta de transparencia.
Esta falta de transparencia se extiende a la Junta de Control Fiscal que aún no expresa específicamente cuales son sus reservas o diferencias concretas con el presupuesto del gobernador Rosselló que lo certificó a medias. En dicho sentido es muy pertinente la solicitud que el compañero Luis Raúl Torres para que se cite al presidente de la JCF, José Carrion III, a vista pública en la Legislatura.
Nuevamente vemos las contradicciones de Rosselló y la JCF. Los jefes de agencia no manejan con transparencia los temas que les tocan y acaban diciendo cosas que desenmascaran su improvisación.
Hablan de una supuesta reforma contributiva para este año, pero admiten que no estará claro hasta diciembre como la misma impactará el cuadre presupuestario de este 1 de julio y, peor aún, cómo afectará el maltrecho bolsillo de nuestros contribuyentes y corporación. Dicen en la Legislatura que van a aprobar el presupuesto para el 19 de junio. Esto no es serio, ni responsable.
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