EL NUEVO DÍA-
El boicot es la mejor forma para derrotar la estadidad el próximo domingo, sobre todo en el contexto presente. Es la única manera de repudiar clara y contundentemente el despilfarro de fondos públicos y la politiquería jaiba y divisiva en momentos que exigen lo contrario.
Los estadistas argumentaron que ellos ganaron el plebiscito del 2012, pero nadie en el Congreso ni en la capital federal reconoció ese alegado “triunfo”. Ahora tenemos un nuevo intento, amañado, en el que las reglas de juego las estableció el Partido Nuevo Progresista (PNP) sin diálogo ni consulta.
Buscaron la aprobación del gobierno federal y lo que recibieron fue una bofetada cuando el Departamento de Justicia federal concluyó que la papeleta legislada no cumplía con las leyes y la política pública de Estados Unidos, tirando al zafacón los resultados del plebiscito del 2012. Enmendaron la papeleta, volvieron a buscar la aprobación federal y hasta el día de hoy el silencio es un grito muy elocuente del gobierno federal de que esa papeleta no tiene ningún valor.
Estos hechos hacen de este plebiscito uno menos consecuente que el del 2012 y de todos los plebiscitos criollos anteriores. Una cosa es hacer un plebiscito unilateralmente, y otra es hacer uno luego de que el gobierno federal lo ha invalidado. Más que un plebiscito, estamos ante un simulacro electoral.
Sabemos que este plebiscito-simulacro, por su diseño y su ejecución, lo va a ganar la estadidad. Y si la estadidad va a ganar en un plebiscito que ya ha sido rechazado e invalidado por el gobierno federal, ¿qué podría darle cierta legitimidad a este simulacro para que se convierta en un verdadero plebiscito? Pues que vote mucha gente.
Si el domingo gana la estadidad y recibe los mismos votos que en el 2012 (838,191) y las demás alternativas sacan cero, Washington se va a reír de ese resultado. Para que este plebiscito tenga alguna validez, tendría que votar una cantidad de electores similar a la que votó en los plebiscitos del 2012, 1998 y 1993.
De manera que, insistir en el plebiscito con la misma boca que se recortan pensiones, se cierran escuelas y se ahoga a la Universidad de Puerto Rico (UPR), es un acto de irresponsabilidad suprema. Tan irresponsable y cruel como pedirle sacrificio a la gente mientras se tratan de justificar unos sueldos a miembros del gabinete del gobernador, que son más altos que en gobiernos estatales de Estados Unidos y que en la presidencia de Trump.
No podemos validar con nuestros votos el domingo tal irresponsabilidad y falta de sensibilidad hacia nuestro pueblo.
Recuerdo claramente la indignación del país cuando Pedro Rosselló insistió en hacer el plebiscito de 1998 mientras nos recuperábamos del paso del huracán George. En aquella ocasión esa indignación se vertió en la columna de “Ninguna de las Anteriores”, pero desafortunadamente y también porobra del PNP, la opción de una “quinta columna” en la papeleta, ya no la tenemos porque ese partido aprobó una ley que lo prohíbe.
Además, podría decirse que la situación de hoy es peor que la de 1998. Los vientos huracanados de la quiebra, las medidas de austeridad y las acciones de la Junta de Control Fiscal nos están azotando todos los días y la recuperación no se ve cuando este periodo de crisis apenas está comenzando.
Reitero que insistir en el ejercicio del domingo es un acto de irresponsabilidad gubernamental de Ricardo Rosselló y ante la ausencia de la quinta columna, la única respuesta válida es el boicot.