EL NUEVO DÍA-
Los gobiernos de Puerto Rico llevan años presentando planes que no cumplen y aprobando leyes que no implementan. Esto no es un mito y lo saben, tanto los residentes de la isla, como los no residentes que tienen algún tipo de interés en nuestra jurisdicción. Así que el debate entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobernador actual es uno fútil, donde el único propósito es desviar la atención de la realidad de que son los mismos. El 15 de marzo la JCF aprobará su plan basado en la realidad financiera y jurídica de este momento como dispone PROMESA, y el gobernador, al igual que lo ha hecho su Legislatura PNP, se haa arrodillado ante ella acatando su mandato. Es más que obvio que la administración no tiene un plan coherente y que han fallado en ejecutar debido a la vorágine política del comienzo de cuatrienio. La negación constante de la realidad fiscal expresada por los políticos electos del PNP demuestra que solo están buscando excusas para luego acusar a la JCF de sus acciones. El mejor ejemplo es el tiempo que ha desperdiciado esta administración en estos primeros 60 días con el tema del status, la aprobación de legislación sobre una consulta amañada y el "chiji chija" del plan Tennessee, mientras hoy en Washington, DC, se aprueban medidas que reforman el sistema de salud en las que excluyen a Puerto Rico.
Llegó el momento de ejecutar un plan creíble y mostrar los resultados de la implementación de las medidas que han presentado en este primer trimestre como parte de su política pública. No hay más tiempo para improvisar, en momentos de crisis el primer paso a seguir es establecer las prioridades, y estar conscientes de la realidad que atravesamos, y enfilar sus esfuerzos para lograr que se atienda la reestructuración de la deuda, la extensión de un puente para equiparar los fondos federales de salud y la inclusión de Puerto Rico en la reforma del sistema de salud.
La única manera para activar la economía es evitando que todo el peso de la crisis recaiga sobre los trabajadores puertorriqueños, por la implementación de más impuestos, la reducción de beneficios y despidos, tal como lo han sugerido la Junta y el Gobernador.