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PPD exige acciones claras y contundentes ante serias acusaciones de conducta criminal en la administración de Rosselló

 

Una vez más, los puertorriqueños nos encontramos con la gran decepción de que la confianza depositada en personas que dirijan el rumbo colectivo de nuestra patria hayan preferido el camino oscuro de la corrupción y del beneficio personal al deber ineludible del bien común. Combatir la corrupción no se trata meramente de un deber incluido en el acto de juramentación de cargos públicos, se trata de una responsabilidad moral inviolable ante un pueblo que enfrenta con gallardía una de sus peores crisis económicas.

 

El hecho de que estemos hoy ante serias alegaciones de conducta que coloca al margen de la ley, participando de conducta criminal al principal funcionario electo del país, plantea la necesidad que se actúe con responsabilidad absoluta y firmeza de carácter. Los puertorriqueños tienen que estar vigilantes y ser partícipes de la historia. Ante lo que a todas luces es un intento de usar el poder del gobierno para el enriquecimiento privado, todos tenemos que ponernos en pie y atención ante el momento que vive el país.

 

Ayer trascendió información que estremece los cimientos de legitimidad y confianza que todo gobernante requiere para validar su acción política. La información divulgada por el Sr. Raúl Maldonado, hijo, acusa la comisión de, al menos, diecisiete (17) posibles delitos del Código Penal de Puerto Rico. Dicha información incluye al Gobernador de Puerto Rico como partícipe en reuniones en las que se instruyó la comisión de delitos y se discutió el encubrimiento de otros. Además, que coloca dudas sobre las expresiones del Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló de que estaba ajeno a la información relacionada a investigaciones federales y de funcionarios de su administración.

 

La descripción clara y al punto, de solicitudes de acciones impropias y delictivas mandatan un rendimiento de cuentas inmediato al país de parte del gobernador Rosselló. Obviamente, esperamos que no le tiemble la mano a nadie y que las entidades responsables de una vez y para siempre actúen en respeto a las instituciones y en absoluto rechazo a la más mínima sugerencia de irregularidad, corrupción y conducta antiética.

 

El Partido Popular Democrático notifica al país los pasos que han de seguir para garantizar la paz y estabilidad en el pueblo de Puerto Rico:

  1. Exigimos del Gobernador de Puerto Rico una respuesta clara y convincente de lo descrito por el señor Maldonado hijo, publicado, en las redes sociales donde le imputan a éste actos ilegales y haciendo referencia a eventos que ponen en tela de juicio su honradez y, por lo tanto, la legitimidad de su incumbencia. Esto incluye la alegada solicitud del gobernador Rosselló a ejecutivo(s) de una compañía de contabilidad contratada por el Gobierno de Puerto Rico y cuyos servicios se pagan con fondos públicos, para alterar el informe relacionado al “…reporte de unidos por PR y furgones porque afectaba a su esposa.”.
     

  2. Los encargados de investigar, ya sea la Oficina de la Contralor de Puerto Rico, Ética Gubernamental, Departamento de Justicia y las unidades especializadas correspondientes, incluyendo las federales, tienen la responsabilidad inmediata de preservar el testimonio de los señores Raúl Maldonado padre e hijo, sobre todos los asuntos relacionados con la administración Rosselló. De igual forma, tiene que preservarse el testimonio del Gobernador de Puerto Rico sobre este tema de forma inmediata.
     

  3. La Asamblea Legislativa no puede estar desvinculada y desentenderse de esta grave situación. El Partido Popular Democrático exige la creación de una comisión especial, con investigadores que representen las delegaciones de los partidos políticos, así como del senador independiente para que investiguen estas serias denuncias en el Departamento de Hacienda, el Departamento de Salud y la ASES, así como La Fortaleza. La posible comisión de delitos contra la función pública denunciados no puede tomarse livianamente y todos los componentes de nuestro ordenamiento constitucional tienen que asumir las responsabilidades y deberes que el sistema representativo de gobierno exige.
     

  4. Estamos exigiendo al Secretario Interino que evalúe seriamente si cómo parte de sus funciones en el Departamento de Hacienda, no ha tenido información de clase alguna, directa o indirecta, sobre la existencia de una mafia u organización criminal controlando y manteniendo como rehén, al Secretario de Hacienda. De haber tenido la más mínima información, el interino debe excusarse, cumpliendo con su deber de informar al país de toda información que tenga en relación al funcionamiento o existencia de organizaciones criminales corruptas que impiden realizar la gestión de colector de rentas y custodio de los dineros del pueblo de Puerto Rico, incluyendo sobre la identidad de los llamados funcionarios de “altas esferas”. De igual manera debe excusarse si ha tenido algo que ver con la contratación y supervisión de los trabajos realizados por la firma de contabilidad BDO.

 

Todas estas acciones no se pueden hacer esperar y deben ser atendidas de inmediato. No hay forma alguna de que el país pueda confiar y creer en este gobierno.

 

 

 

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