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Presidente PPD denuncia irregularidades en la Autoridad de Transporte Marítimo

 

(San Juan, PR- 6 de marzo de 2019) – El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, censuró hoy a Ricardo Rosselló y su gobierno por ampararse en el dolor y los disgustos recurrentes de los residentes de Vieques y Culebra, para apoyar irregularidades en la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM). Torres, quien refirió el asunto a la Oficina de la Contralora y Ética Gubernamental, presentó evidencia que demuestra como el gobernador y su administración están subvirtiendo la ley, obviando los procesos de subastas y derrochando fondos públicos.

 

“Si alguien en Puerto Rico pensaba que los tiempos de irregularidades con declaraciones de estados de emergencia se habían terminado, se equivoca. Si alguien en este país adjudicó que los tiempos de traqueteos con los cambios de órdenes en proyectos de construcción eran cosa del pasado, se equivocó. Si alguna persona pensó que ya no se usan emergencias para otorgar contratos de obras que no lo son, se equivocó”, sentenció Torres desde la sede del PPD en Puerta de Tierra. 
 
Torres, expresó que la ATM ha estado plagada de irregularidades y explicó los eventos que lo han llevado a esta conclusión. Entre ellos, Torres destacó que en mayo de 2018, mediante la Resolución 2018-02 de la Junta de Directores de la ATM, se declaró un estado de emergencia sobre el servicio para las islas municipio de Vieques y Culebra. Esta declaración de emergencia, dio paso a la mudanza de las instalaciones del muelle de Fajardo al muelle 2 de la antigua Base Naval Roosevelt Roads y al muelle Mosquito en Vieques.
 
Luego, el 17 de julio de 2018, luego de visitar las instalaciones y describir los trabajos a cuatro empresas, se hizo una subasta por invitación. La selección debió haberse hecho a base del menor costo y se otorgó el contrato a la empresa SQR ARCHITECTS AND ENGINEERS CONSULTING, PSC., por la cantidad de $831,140.00, para trabajos que van desde hormigón de piso en área de lanchas y pasajeros, hasta la construcción de tres casetas de guardias de seguridad, verja de ‘cyclone fence’ y estacionamientos de empleados y visitantes en grava granulada. Los trabajos debieron estar listos para el mes septiembre de 2018.
 
“En lugar de exigir el cumplimiento con los trabajos contratados bajo la excusa de una declaración de emergencia, la enmendó el contrato original para añadir la cantidad de $784,038.94. Ese contrato violenta la ley de dos maneras. Primero, utiliza una declaración de emergencia para realizar trabajos ordinarios. Segundo, no puede haber un cambio de orden que exceda entre 25% y 30% del valor total de la obra”, aclaró el legislador. 

 

El también Senador explicó que, no conforme con eso, el 7 de noviembre de 2018, sin que se hubiera cumplido con los trabajos del contrato inicial, se aprobó una segunda enmienda al contrato alegando que era ‘necesario modificar nuevamente la descripción de las tareas y aumentar la cuantía del contrato’. La nueva enmienda añade la cantidad de $933,872.50. Las nuevas tareas estaban listadas como caseta de seguridad, aceras, portón de entrada, acondicionador de aire en cuarto de lactancia, verjas y portones adicionales, velas de metal para la fachada, distribución eléctrica para máquinas de refresco y ATH; instalación y acarreo de seis palmas, entre otras labores que no constituyen ni tienen los requisitos para ser catalogados como una emergencia.
 
El presidente del PPD condenó que el contrato inicial de $831,140.00, terminó constándole al pueblo de Puerto Rico $2,549,051.44. Los trabajos debieron haberse entregado el 31 de diciembre de 2018 y al día de hoy no se han completado. 
 
“Este caso es escandaloso. Es terrible que las malas mañas de proyectos como el Súper Acueducto del Norte se estén utilizando nuevamente. Se trata de proyectos que utilizan el dolor, necesidades y pesares diarios de nuestra gente y en lugar de resolver esos problemas al menor costo posible, se hacen para enriquecer a unos particulares burlando la ley y el orden. Se usa esa queja recurrente de nuestra gente como parapeto para enriquecer a un contratista. Se usa una declaración de emergencia para hacer trabajos que nada se relacionan a lo inminente, burlando los procesos de una sana administración pública. Usted sabe que algo anda mal cuando contrata un trabajo por $800,000.00 y termina pagando más de $2,500,000.00 millones”, concluyó Torres. 

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