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Héctor Ferrer busca salvar empleos públicos con presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal

 

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, emplazó a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a que reduzcan su presupuesto a la mitad, de manera que el gobierno pueda evitar el despido de gran parte de los empleados transitorios, cuyos contratos vencieron el pasado 30 de junio.

“Mientras el gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal dejan en la calle, sin empleo, a miles de puertorriqueños, la JSF tiene un presupuesto asignado de $60 millones anuales. Insistimos en que este es un gasto excesivo y que va en contra del control de gastos que, precisamente, tratan de implementar en el gobierno.  Si se recorta el presupuesto de la Junta en un 50 por ciento tendremos un ahorro de $30 millones, con los cuales el gobierno podría renovar los contratos de gran parte de los empleados que perdieron sus contratos en las distintas agencias gubernamentales”, explicó Ferrer Ríos.

Asimismo, el líder de la Pava censuró que el gobierno de Puerto Rico tenga que gastar millones de dólares para cubrir los gastos de los miembros de la JSF, mientras el pueblo es quien sufre por la falta de fondos y la crisis fiscal.

“Es una injusticia que miles de puertorriqueños hayan perdido sus empleos, mientras los miembros de la Junta se gastan millones de dólares en contratos y gastos misceláneos. El gobernador Ricardo Rosselló es cómplice de toda esta injusticia al mantenerse en silencio y no defender los intereses del pueblo puertorriqueño. Por eso, emplazo directamente a los miembros de la JSF para que hagan valer su plan de ahorros y recortes, empezando por ellos mismos”, manifestó el Presidente del PPD.

Ferrer Ríos, precisó la importancia de estos empleados públicos transitorios, ya que la mayoría son maestros que ofrecen cursos básicos, educación especial, empleados de comedores escolares, trabajadores sociales y empleados del Departamento de Corrección. Añadió que los despidos tendrán un impacto de cerca de $100 millones anuales en la economía del País, lo que agravará aún más la situación fiscal en general.

 

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