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Presentarán querella contra Sec. de Hacienda por violar ley que prohíbe participar en política


Orlando Aponte solicita destitución del Francisco Pares y sanciones éticas para Urayoan Hernández 1 de abril de 2020- Orocovis-El candidato popular a la Cámara de Representantes por el Distrito 26 (Orocovis, Villalba, Coamo y Barranquitas), Lcdo. Orlando José Aponte Rosario, denunció hoy la participación del Secretario de Hacienda Francisco Parés Alicea en una actividad política del Representante Urayoán Hernández, en abierta violación de ley. Según Aponte Rosario, la Ley Número 178 de 21 de diciembre de 2001, según enmendada, establece las normas de limitación de la participación de ciertos funcionarios públicos en actividades políticas, incluyendo al Secretario de Hacienda. “El Secretario de Hacienda y el representante Hernández acaban de cometer una clara violación de ley al permitir la participación en un programa de radio político de un jefe de agencia que tiene prohibido por ley inmiscuirse en actividades políticas. Esta acción tiene que costarle el puesto a Pares y una sanción ética al representante. Utilizar un estado de emergencia para sacar provecho político es una falta de respeto de parte de Urayoan Hernández y una indiscreción imperdonable del Secretario de Hacienda”, manifestó el abogado. Esta ley, define una actividad política como una donde una o más personas promuevan una determinada candidatura o partido político, incluyendo pero sin limitarse a reuniones, tertulias, discursos, o cualquier actividad similar, las cuales sean organizadas, financiadas o respaldadas por partidos políticos, candidatos, funcionarios electos durante su incumbencia o y que tenga contenido político partidista. El señalamiento surge tras la participación del Secretario de Hacienda Francisco Parés en el programa de radio de una emisora donde Urayoán Hernández mantiene un espacio para adelantar su candidatura. El Representante estuvo anunciando la participación del Secretario de Hacienda en su programa radial Urayoán 2020, el cual es utilizado para promover su candidatura política y a través de sus páginas de campaña política en las redes sociales. Por otro lado, el Estado no puede permitir que los funcionarios del gobierno saquen ventaja político-partidista por razón de los importantes puestos que ocupan. Una cosa es que el Secretario utilice los espacios de radio, prensa o televisión para orientar a la ciudadanía, pero otra cosa diferente es que estos altos funcionarios públicos participen en programas o actividades organizadas para favorecer candidaturas. En este caso la ley es clara”, dijo el Lcdo. Aponte. La mencionada Ley prohibe a los Secretarios del Departamento de Educación, Justicia, Hacienda y al Superintendente de la Policía participar en actividades Político-Partidistas. El funcionario que participe en una reunión, tertulia, programa o actividad similar donde se promueva determinada candidatura de un político y que sea financiada por funcionarios electos durante su incumbencia, se expone a será sancionado con una multa no menor de $1,000 ni mayor de $5,000, a discreción del Tribunal, y se expondrá a las medidas disciplinarias de carácter administrativas incluyendo la amonestación, suspensión o destitución del cargo. Aponte expresó que “la corrupción en el gobierno es un mal social que ha aumentado dramáticamente en Puerto Rico durante los pasados años. Funcionarios del más alto nivel del Gobierno han sido señalados, acusados y encarcelados por faltarle a la confianza de sus conciudadanos y por aprovecharse de sus puestos para beneficio propio y de causas político-partidistas ajenas a los más altos estándares morales que deben permear la función pública”. Mientras más actos de corrupción son señalados y funcionarios públicos encausados criminal, ética y administrativamente, la imagen de las instituciones del país se deteriora. Ese deterioro acarrea también que los ciudadanos pierdan la confianza en sus instituciones. Esa falta de confianza y respeto por los ejecutivos del más alto nivel del Gobierno atenta contra el derecho de todo ciudadano a obtener los servicios fundamentales que ofrece el Estado, sin importar sus creencias políticas. El letrado finalizó expresando que: “El funcionario público que utiliza su cargo para adelantar causas ajenas al servicio público, desprestigia al gobierno y afecta su buen funcionamiento”.

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