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Denuncian encubrimiento en investigación contra Héctor Joaquín Sánchez



Los candidatos al senado de Carolina por el Partido Popular Democratico, Enid Monge y Frankie Guerra, denunciaron públicamente la manipulación y encubrimiento en el Departamento de Educación, la inacción por parte de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y el silencio de Jenniffer González en la investigación sobre las irregularidades cometidas durante la gestión de Héctor Joaquín Sánchez, quien es ahora el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) al Senado por Carolina.

 

Sánchez, quien fuera comisionado electoral del PNP, subsecretario asociado de Educación bajo la convicta Julia Keleher, y subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), fue señalado por irregularidades en el Departamento de Educación por influenciar a un jurado para seleccionar al Maestro del Año y, recientemente, por haber contabilizado recaudos políticos en horas laborables mientras trabajaba en el DTOP.

 

La querella contra Sánchez por su gestión en el Departamento de Educación comenzó con un referido del abogado Nolan Portalatín, quien dirigía la División Legal de la agencia bajo la administración de Eliezer Ramos Parés. Aún no trasciende si, Portalatín y Ramos Parés han sido citados a testificar por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), lo que plantea serias dudas sobre la integridad del proceso. Peor aún, el Departamento de Educación informó que la Oficina de Asuntos Legales archivó la recomendación inicial de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Legales y Política Pública para imponer medidas disciplinarias a Sánchez, pese a determinarse que incurrió en conducta impropia al intentar influenciar a cuatro miembros del jurado en el proceso de selección del maestro y director del año escolar 2021-2022.

 

“Esto es bochornoso, lamentable e irresponsable. No hay duda de que el trámite que se le ha dado a estas serias acusaciones está plagado de encubrimiento. La determinación del Departamento de Educación de archivar una recomendación que, a todas luces, indicaba que Héctor Joaquín incurrió en conducta impropia al intentar influenciar a cuatro miembros del jurado en el proceso de selección del maestro y director del año escolar 2021-2022, fue tomada por Gisela Rodríguez Algarín, directora interina de la Oficina de Asuntos Legales. Escogieron para la investigación a alguien que tiene vínculos personales y políticos con Sánchez, siendo su amiga y donante de su campaña aspirando al Senado por el Distrito de Carolina. En vez de reprenderlo, el PNP y Jenniffer González lo han respaldado y protegido, lo cual resulta bastante decepcionante.”, señaló Monge.

 

La directora interina de la Oficina de Asuntos Legales de la agencia, juró a la práctica de la abogacía el 14 de febrero de este año y tan solo seis días después, el 20 de febrero, le dieron la posición en el Departamento de Educación. Rodríguez Algarín es donante tanto de Sánchez Álvarez como del Gobernador Pedro Pierluisi, según consta en la Oficina del Contralor Electoral.

 

“Es sumamente sospechoso que la investigación se delega en alguien que tiene vínculos con el investigado y que a todas luces no tenía experiencia legal para tomar estas decisiones. Nuestro llamado es a Jenniffer González, a que no permita que el señor Sánchez siga haciendo daño, manipulando y tomando ventajas políticas, basta con los señalamientos en cada agencia en la que ha trabajado como para que pretenda llegar al Senado con estas mismas malas mañas.”, añadió Guerra.

 

Monge agregó, “La prueba es más que clara, una persona que es donante, contribuyente y miembro de avanzada, solo demuestra una vez más cómo utilizan las agencias de gobierno para defender, manipular y proteger a sus amigos y militantes del PNP. Jenniffer es cómplice con su silencio de estos actos repudiables y demuestra que su compromiso es con la gente de su partido y no con el país.”

 

Los candidatos populares enfatizaron su compromiso con la transparencia y la justicia en la administración pública, “Como candidatos, es inaceptable que se manipule una investigación que envuelve actos bochornosos y que laceran la confianza del país en sus instituciones. Estamos hablando de la Educación de nuestros niños, que sigue viéndose empañada por actos cuestionables.”

 

Por lo que hacemos un llamado a la Oficina de Ética Gubernamental y al Departamento de Justicia a hacer su trabajo y que le respondan al pueblo y garanticen los más altos estándares de transparencia y pulcritud en la investigación.

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