“El Tribunal Supremo de Puerto Rico, como último intérprete de nuestra Constitución, ha validado la democracia y la representatividad que garantiza la Asamblea Legislativa. Una decisión contundente que envía un mensaje claro ante un intento de usurpar el poder.
La inmediatez o emergencia autoprovocada no puede ir por encima del principio máximo que establece que el poder político reside en cada puertorriqueño. Hoy quedan advertidos todos los líderes políticos del País que nuestra democracia no está al servicio de intereses individuales sino del bien común, y que la misma no puede ser secuestrada o manipulada por el antojo de aquellos aferrados al poder.
La verdadera estabilidad de un pueblo democrático la brinda el saber que las instituciones que ese pueblo creó y refrendó en su constitución, se han respetado”.