Finalmente, los puertorriqueños confirmamos las sospechas de esquemas de corrupción en los departamentos de mayor importancia para nuestra gente: salud y educación. Además, nos enteramos del contenido de conversaciones del Gobernador con su equipo más cercano y personas fuera del gobierno. Se estableció que de dichas conversaciones surge la posible comisión de delitos graves al más alto nivel en el gobierno.
Durante semanas, las personas que ocupan las posiciones de liderato en el gobierno, lejos de responder con contundencia y responsabilidad a los reclamos de los puertorriqueños y a su deber ministerial, optaron por el cálculo partidista. Ese liderato que recibió un mandato electoral para ser mayoría optó por ignorar a los puertorriqueños. Al ignorarnos, unos colocaron como asunto primordial sus candidaturas a posiciones electivas y su partido político; otros han decidido la alternativa de manos afuera, colocando en precario la función gubernamental y los servicios que los ciudadanos requieren y merecen. Todos apuestan a que la renuncia de Ricardo Rosselló servirá de escudo para calmar la férrea voluntad puertorriqueña que exige un cambio que implique un detente a la corrupción, a las formas políticas que muestran un olvido a los mandatos democráticos y de bienestar general. Evidentemente, las personas a cargo en esta administración de gobierno carecen de una cualidad, prudencia.
Desde hace mucho tiempo, el Partido Nuevo Progresista ha estado inmerso en una batalla interna por las posiciones políticas de cara a las elecciones del 2020. El anuncio de la renuncia del Gobernador Rosselló abrió las compuertas para que esa lucha fuese pública. Toda la atención, acciones y comparecencias del liderato de esa colectividad es parte de una operación de salvamento político.
Mientras los encargados de dirigir a Puerto Rico están en medio de sus renuncias, en la guerra de sillas, concentrados en el cálculo partidista, lo importante queda desatendido. Miles de familias puertorriqueñas aún tienen por techo un toldo; cientos de miles de familias puertorriqueñas han quedado sin servicios de salud; los servicios del Departamento de la Familia son deficientes; la mayor parte de los programas que son subsidiados con fondos federales se encuentran en sindicatura por la ausencia de confianza en la capacidad gerencial y administrativa de esta administración; no existe un programa de desarrollo económico que represente una esperanza para nuestra economía y el bienestar de nuestra gente, entre otros asuntos vitales para el futuro de todos, como la seguridad pública, la Universidad de Puerto Rico, la reestructuración gubernamental, los pensionados y la importancia de los municipios en el ofrecimiento de servicios públicos importantes.
El Partido Popular Democrático tiene la responsabilidad de asumir un rol constructivo en el proceso de sanación del país, tanto en el esfuerzo por lograr armonía fiscal, como en el propósito de vida de cada puertorriqueño. Pero no puede ser borrón y cuenta nueva como si aquí no hubiese ocurrido nada, como pretende el liderato de esta administración. Más allá del bipartidismo o de creencias particulares, estamos frente a una experiencia que jamás puede repetirse. Y para evitar que se repita, la Asamblea Legislativa, aún en receso, tiene que promover la transparencia, que comienza con investigar sin cuartel, el manto de irregularidad y corrupción rampante que cubre los asuntos públicos. Todos los casos de corrupción recientes fueron advertidos mediante medidas de investigación radicadas por nuestras delegaciones en Cámara y Senado. A ninguna la mayoría del PNP le dio paso.
Asimismo, reiteramos que la vigilancia democrática es el mejor antídoto contra la corrupción, la insensibilidad, la incapacidad e incompetencia gubernamental. Esa vigilancia democrática requiere que se mantenga la presión sobre una administración que no ha aprendido la lección que los puertorriqueños nos han dado a todos.
La ausencia de prudencia que he descrito y por la que cientos de miles se han lanzado a la calle a hacer que esta administración y el mundo se entere de sus reclamos, no es un asunto nuevo. Esa ausencia de prudencia es la que hace a la Secretaria de Justicia pasar de reclamar estar lista para asumir la responsabilidad histórica a exponer que no desea asumir dicha responsabilidad unos días después.
Es la misma falta de prudencia de líderes legislativos y los senadores y representantes de mayoría que se mantienen inmóviles ante los escándalos de corrupción. Actúan como si la Asamblea Legislativa no tuviese la función inherente de investigar y de asegurarse de descubrir la corrupción, señalarla, combatirla y evitarla mediante investigaciones continuas y serias en cada agencia y departamento del ejecutivo.
Cada día que transcurre sin que Cámara y Senado inicien importantes y abarcadoras investigaciones sobre la conducta y proceder de esta administración, es una renuncia a su deber ministerial, a su obligación no sólo constitucional, sino moral con cada puertorriqueño.
De igual forma, el Gobernador Rosselló utiliza su renuncia como escudo para no asumir la responsabilidad de los actos que lo llevaron a dejar su cargo y para no tomar las medidas de nombrar un Secretario de Estado que pueda dirigir al país e intentar remediar los problemas creados por su administración.
Ante este cuadro de colapso administrativo, el peligro en que se encuentra la aprobación de recursos federales importantes para la reconstrucción del país y de la sindicatura de los programas más importantes de servicios a los puertorriqueños, la Comisionada Residente ha tomado el silencio y la inacción como su estrategia. Sin embargo, ha sido más vocal y arrojada para expresarse acerca de su partido político y las posiciones electivas.
Ante un partido en el poder que se ha acostumbrado a colocarse primero que el país, se imponen actos que marquen y promuevan que nuestra gente sea la prioridad y eje de todo acto gubernamental. A tales fines, nuestras delegaciones en Cámara y Senado presentarán un paquete de medidas para investigar al menos una docena de instancias en las que se han hechos señalamientos de corrupción pública. Asimismo, se presentarán medidas de investigación para conocer el progreso, si alguno, de la reconstrucción del país, así como programas importantes de servicios a los ciudadanos.
La costumbre de legislar como prioridad para atender los problemas tiene que cambiarse a una de investigar y hacer responsable al poder ejecutivo y sus agencias si no se resuelven. La Asamblea Legislativa deja de ser un sello de goma del gobernador, cuando haga su trabajo, tal y como fue el diseño constitucional.
Finalmente, el Gobernador Rosselló tiene la responsabilidad indelegable de nombrar una persona al cargo de Secretario de Estado que pueda asumir el trabajo que él no ha podido desempeñar. Basta ya de utilizar el ordenamiento constitucional para su juego político y el revanchismo intra partido.
Los días que se avecinan son de acción constante en vigilancia democrática. Deben ser de reflexión profunda y solemne. La salida de un gobernante por reclamo de un pueblo en protesta no es una celebración, pues implica el sufrimiento y hastío de los puertorriqueños con sus dirigentes. Asimismo, en estos días se requiere la elaboración sosegada de propuestas que dignifiquen el sacrificio demostrado por todos y que reflejen, a su vez, que la clase política está en armonía con los sentimientos y esperanzas del pueblo.
Para culminar, quiero dejar meridianamente claro que ante las expresiones contradictorias de la Secretaria de Justicia para que se reclute un Secretario de Estado para que asuma la gobernación, el Partido Popular Democrático advierte que nuestras delegaciones de Senado y la Cámara de Representantes no se prestarán para llevar a cabo ningún procedimiento de confirmación atropellado, improvisado o evadiendo el análisis ponderado y responsable que requiera dicha posición, toda vez que la persona seleccionada tendrá entre sus responsabilidades futuras el nombramiento de un Juez del Tribunal Supremo, decenas de nombramientos judiciales, el nombramiento de un Contralor(a), un director(a) de la Oficina de Ética Gubernamental y un Procurador(a) del Ciudadano (Ombudsman).
Si el gobernador fuera juicioso y ante los retos que nos esperan lo más prudente y sensato es consultar o escuchar a los diversos sectores, para evaluar posibles nombres de personas que gocen del respeto y la confianza del pueblo que puedan culminar el mandado lo más lejano posible a la politización excesiva que ha marcado la presente administración.
El reclamo de los puertorriqueños no quedará en el olvido. Ese reclamo de buen gobierno es y será la zapata de un cambio transcendental inevitable que se acerca para bien de nuestra historia política.
Muchas gracias.
Aníbal José Torres
Presidente del Partido Popular Democrático