Comienzo mis palabras citando el compromiso que hiciera con el país, el actual gobernador Ricardo Rosselló en su programa de gobierno del 2016 y que posteriormente incluyeran en la Ley Núm. 2-2018, “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”: “La corrupción que más permea es la política, la cual puede tener diferentes variantes, pero todas se basan en el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. Los tipos de corrupción más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; además de los sobornos, el tráfico de influencias, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el quid pro quo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo. La corrupción facilita o desemboca a menudo en otro tipo de hechos criminales.” INTRODUCCIÓN • En las democracias, los gobiernos son legítimos y efectivos, cuando su autoridad emana - no solo de los votos y la voluntad del pueblo - sino de la estatura moral y de la conducta ejemplar de sus gobernantes. La confianza se gana y se sostiene, no con palabras sino con acciones. • Durante las pasadas semanas, el país ha vivido momentos muy lamentables ante su historia. Los puertorriqueños, experimentamos una convulsión social que nace de la indignación colectiva manifestada a través de la incertidumbre, la desesperanza y la vergüenza. • Existen causas y razones para ese sentir colectivo. Si bien la presente administración ya había sido manchada hace días por el lastre de la corrupción, también, al salir las primeras páginas del famoso chat, se marcaba nuevamente su credibilidad al desenmascararse la actitud y el estilo de gobierno discriminatorio, irrespetuoso e imprudente. • Los ataques cobardes y bochornosos del Gobernador y sus allegados, que se extendieron a periodistas, artistas, ciudadanos y hasta colaboradores de su propio partido, manifiestan la evidente falta de juicio, capacidad y madurez del principal grupo de funcionarios del gobierno encabezado por el Primer Ejecutivo. • Nuestro pueblo sufre humillación y está merced de una conducta perversa, cruel, insensible e irresponsable. Abruman al país con una combinación de ineptitud y maldad provocando la mayor crisis de gobernanza. • Sin embargo, esto era solo el comienzo de una controversia mucho más seria y preocupante que habríamos de enfrentar. Hace unas horas, se divulgó la totalidad del chat del Gobernador y sus ayudantes, lo que nos ofrece ahora un cuadro más aterrador y vergonzoso mucho más repudiable de los que habíamos imaginado. Lo que comenzó como una controversia de ausencia de carácter y de prejuicios, se convertía en una controversia de índole delictiva y criminal. • El pueblo debe saber que el contenido de estas conversaciones nos presenta un problema y una amenaza mucho más seria, porque se trata de la institucionalización de un nuevo modelo de gobierno que actúa al margen de la ley y que usa todo el andamiaje que provee el estado, para la persecución, el carpeteo, la manipulación y hasta la adjudicación de fondos y recursos para fines contrarios a la ley. • Algunos creen, equivocadamente, que esta situación se resuelve con una mera renuncia de los implicados - incluyendo al Gobernador – para querer pasar la página y colocar nuevos rostros que surgen igualmente de la misma fuente de contaminación y corrupción. Esa fuente es el interés partidista de controlar el gobierno. Aceptar eso, sería claudicar a la obligación moral que tenemos de sanear y depurar el gobierno de arriba a abajo. • La magnitud de lo que estamos hablando trasciende insultos, palabras soeces y de aquellas expresiones que incitan a la violencia y el discrimen. Ahora hay que añadirle las posibles violaciones de ley que son de carácter grave y que tienen que investigarse. Estas posibles violaciones que hemos detectado inicialmente son: 1) La participación activa del cabildero Elías Sánchez Sifonte en procesos decisionales, podría constituir una intervención indebida de éste en procesos gubernamentales obteniendo acceso ilimitado, trato preferencial y acceso a información privilegiada; este hecho le permite obtener una ventaja competitiva o favoritismo para sus potenciales clientes. La modalidad del delito se configura cuando un cabildero participa e interviene indebidamente en asuntos y conversaciones de política pública sin tener autoridad legal para ello, junto a los más altos funcionarios de La Fortaleza. 2) Las evidentes muestras de carpeteo político, persecución, amenazas, insultos y métodos de manipulación de la opinión pública, utilizando como brazo político a la agencia de publicidad del gobierno, que se nutre de fondos públicos, podría constituir un uso indebido de recursos y personal para fines político partidistas, lo que es contrario a la Ley. 3) El uso de fondos públicos para viajes conspirados sin justificación y cuyo propósito fue forzar la designación de la secretaria de Justicia de Wanda Vázquez Garced como gobernadora interina (con el fin de jugarle una broma para incomodar al Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz) podría constituir un uso indebido e injustificado de fondos públicos. 4) El uso de palabras o la incitación por parte de funcionarios y contratistas del gobierno para que terceros usen medios de comunicación, incluyendo redes sociales, para diseminar palabras discriminatorias, insultantes, soeces, inmorales, sexistas, machistas, misóginas, homofóbicas y que laceren la dignidad del ser humano, constituyen múltiples violaciones a la Ley de Ética y a las normativas de los contratistas del gobierno. Nuestra Constitución obliga a cada funcionario de gobierno a proteger la dignidad de todo ser humano. 5) El uso de la agencia de publicidad del gobierno (KOI) - que se nutre de fondos públicos - para carpetear a funcionarios y ciudadanos privados, presionar, manipular, diseminar, así como el utilizar personas o recursos pagados por el gobierno para manipular o controlar resultados de encuestas de opinión, con el fin de realzar la imagen política del Gobernador, dentro de los horarios facturados, podrían constituir un uso ilegal de fondos públicos con serias consecuencias legales. 6) Conspirar para difamar o afectar la reputación de funcionarios estatales y federales – entiéndase Arnaldo Claudio como monitor federal – con el objetivo de removerlo de su puesto, podría constituir una violación a la Ley de Ética sobre el desempeño de los funcionarios públicos y otra serie de violaciones de carácter federal. 7) El uso excesivo de la autoridad para beneficiar a un tercero – en lo relativo a la movilización de la obra Hamilton para Bellas Artes cuyo resultado fue el aumento de beneficios para el cliente del cabildero Elías Sánchez Sifonte – podría constituir varias violaciones entre ellas, el uso indebido del poder para beneficiar a un tercero. 8) La identificación política de empleados o carpeteo político para fines de persecución y planificación para la remoción de sus puestos, podría constituir serias violaciones criminales y de derechos civiles. Este caso se refiere al de la esposa del senador Juan Dalmau Ramírez. 9) Las extensas conversaciones entre funcionarios y contratistas en plenas horas laborables o dentro de horas facturadas para fines políticos o ideológicos, constituye el uso ilegal de bienes y fondos públicos para fines político-partidistas, lo que constituye un delito grave. 10) Las acciones de uso del poder, recursos y facilidades públicas para planificar acciones y propaganda para fines político partidistas, como lo serían las reuniones de lo que llaman “War Room”, podrían constituir un uso ilegal de propiedad y fondos públicos. Estos diez (10) ejemplos son solo algunos de lo que a primera vista nos presenta este escándalo, debe ser más que suficiente para entender que esto no se termina ni se corrige con meras renuncias. La erradicación de estas prácticas ilegales tiene que llevarse ante las últimas consecuencias no sin antes llegar al fondo para conocer toda la verdad. El pueblo exige saber la verdad. Por lo antes expuesto, quiero informar el curso de acción del Partido Popular Democrático con relación a este asunto: Primero: El PPD como institución exige la renuncia inmediata del gobernador Ricardo Rosselló. Segundo: En el descargue de nuestras funciones, el PPD, a través de sus delegaciones en Cámara y Senado solicitan que los presidentes de los cuerpos inicien de inmediato una investigación que encamine el proceso de identificación de las causas del residenciamiento del gobernador de Puerto Rico. El origen de cualquier acción a tales fines, le corresponde a la Cámara de Representantes, por lo cual ya nuestra Delegación y el portavoz Rafael Hernández Montañez están listos. Tercero: Como ruta alterna y ante el hecho de que la Asamblea Legislativa se encuentra en receso, podemos anticipar que las delegaciones de mayoría intenten rehuir su responsabilidad aduciendo eso como excusa que estamos en receso legislativo, estamos enviando una solicitud por escrito a ambos presidentes para que inicien investigaciones formales de conformidad las secciones 5.2 del Reglamento de la Cámara y la 6.2 del Reglamento del Senado que facultan a los respectivos presidentes a “encomendar a cualquier Comisión Permanente o Especial el estudio de cualquier asunto que considere de naturaleza urgente o de interés público; sin necesidad de convocar o constituir los cuerpos. Los presidentes no tienen excusa esta vez. Cuarto: Estamos estableciendo de antemano que el PPD estará muy atento y será extremadamente riguroso y exigente no solo sobre las credenciales personales y profesionales del nominado al cargo del Secretario de Estado, sino del proceso de selección porque si el mismo emana de componendas políticas o negociaciones a espaldas del pueblo, se estaría, nuevamente, usando el poder de la autoridad pública para proteger intereses políticos e ideológicos lo que no habremos de tolerar. Quinto: Para que cualquier investigación del Departamento de Justicia tenga la credibilidad y la seriedad que el país exige y entendiendo que la actual Secretaria podría estar en una situación conflictiva como potencial sustituto del Primer Ejecutivo, exigimos que los fiscales que atiendan esta situación sean unos de alta credibilidad, competencia y experiencia intachable que no respondan a intereses ajenos. Igualmente, exigiremos la misma acción a la Oficina del Panel del FEI al culminarse el término establecido para el referido correspondiente y obtengan el expediente. Sexto: El PPD exige la inhibición inmediata de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, toda vez que se encuentra en este momento inmersa en un serio problema de credibilidad ante la investigación del programa Tus Valores Cuentan que fue cabildeado personalmente por ella ante la hoy acusada Julia Keleher. Séptimo: Exigimos que la comisionada residente Jennifer González, quien ahora se nos presenta como la desentendida, le explique al país, sus vínculos con los acusados del escándalo ASES y Educación como contribuyentes y colaboradores de su campaña. El PNP ha diseñado su estrategia para anteponer la salvación política sobre la obligación moral. Sin razones han calculado para pedirle a Rosselló que renuncie a su aspiración a la reelección y a la presidencia de su partido, esas mismas razones son las que le impiden continuar como gobernador. Finalmente, el Partido Popular desea expresar su consternación y solidaridad con aquellos ciudadanos que han sido insultados, perseguidos, discriminados y ofendidos, muy particularmente artistas, periodistas, mujeres y miembros de esta y otras colectividades y movimientos cívicos y sociales. Más aun, expresamos y requerimos el desagravio que merecen aquellos que perdieron familiares y en ese reclamo, hacemos una expresión de respeto a la familia del ex representante Carlos Gallisá cuya injuria a su memoria, debe recibir el repudio masivo de este pueblo.