(San Juan,PR) – Mis primeras palabras van al pueblo puertorriqueño que está pendiente de lo que ocurre en nuestra patria. Lo ocurrido hoy, ya no se trata de la evidente incapacidad, la insensatez e irresponsabilidad de esta administración sino el hecho de que Ricardo Rosselló dirige y ha mantenido un gobierno en el cual se ha traicionado nuevamente a los niños de educación y a los pacientes indigentes, que una vez más, tienen que sufrir el robo de los fondos destinados a sus servicios.

El país no puede olvidar que fue el gobernador Ricardo Rosselló quien seleccionó y reclutó a todos los funcionarios de alto nivel que hoy han sido arrestados. Por más que quieran taparlo o protegerlo, el gobernador tiene responsabilidad sobre las acciones de quienes él mismo le delegó los poderes que fueron usados para delinquir.

El pueblo de Puerto Rico se avergüenza del gobierno de Rosselló y Jennifer González. Los arrestos de las señoras Julia Keheler y Angie Ávila por las autoridades federales en la mañana de hoy, encarnan una indignante y peligrosa para todos.

Hace un rato escuchamos la descripción de un esquema de corrupción en las entidades de gobierno con las que más presupuesto cuentan: educación y salud. Una vez más la corrupción usa de víctima a más de medio millón de niños y jóvenes puertorriqueños cuyo futuro depende de la educación. Una vez más, la corrupción tiene como víctimas a los cientos de miles de familias puertorriqueñas que necesitan servicios de salud.

Los actos propios del gobernador Rosselló lo llevan a ser el principal responsable de un gobierno colapsado que hoy no tiene la legitimidad que sólo brinda la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y en las instituciones de gobierno que deben servir sus intereses y aspiraciones.

Puerto Rico salió del anonimato en la esfera internacional con un proyecto de transformación que tuvo como eje central destinar los recursos y esfuerzos mayores en tres áreas: desarrollo económico, educación y salud. Ricardo Rosselló y su administración han utilizado los recursos de educación y salud para la corrupción. En 1993 un gobernante engañó al pueblo y destruyó un sistema de salud público ejemplar. Ese gobernador en cambio propuso un plan repleto de falsas promesas y que el camino demostró ser una forma de explotar el patrimonio del país, y con ello, el estado de desesperanza que viven nuestros enfermos, así como la gran mayoría de los puertorriqueños que está impedido de acceso a unos servicios de salud. Destruyeron la salud pública y hoy el gobierno de otro Rosselló saquean el plan de seguro de salud.

Que nadie se esconda detrás de una mentira sobre las puertorriqueñas y puertorriqueños para justificar la corrupción pública de unos insensatos e incapaces que ven la función pública y los recursos del gobierno como corsarios ante el botín de guerra. Todo parece indicar que Rosselló, su equipo y el Partido Nuevo Progresista entienden las victorias electorales son patentes de corso para quedarse con una gran tajada de los recursos para dar servicios a las familias puertorriqueñas.

Todos los personajes que son objeto de acusaciones criminales en la esfera federal son parte del equipo principal de Rosselló, aún los contratistas privados. De igual forma, hasta hace poco, los falsos logros en educación y salud eran vociferados como la punta de lanza del Gobernador Rosselló hacia su reelección. De qué vale establecer códigos o medidas anticorrupción si los funcionarios gubernamentales, desde La Fortaleza no tienen autoridad moral ni sensibilidad para responder o rendirle cuentas al pueblo por las acciones de sus funcionarios.

Desde el principio de esta administración, el Partido Popular Democrático ha sido consistente y enérgico al denunciar que la administración Rosselló carece de sensibilidad y denota la ausencia de prioridad ante las necesidades de los puertorriqueños. Hoy se constata que los recursos del estado se controlan y utilizan para adelantar las agendas económicas de amigos y donantes de campaña. El Gobernador no puede establecer desconocimiento de lo que ocurre. No hay agencia importante que no está marcada por el carimbo imborrable de la corrupción.

Los arrestos efectuados se anticipaban y todos sabíamos que eran inevitables. También sabemos y anticipamos que no serán los únicos por corrupción gubernamental. Hoy veremos a los que se quieren diferenciar de Rosselló, cuando han sido sus cómplices en permitir su forma de gobernar. No basta con expresar que no se tolera o condona la corrupción. Es insuficiente e irresponsable decir que la corrupción le perturba. Tampoco basta con la trillada frase de que le caiga todo el peso de la ley. Ante la corrupción, se requiere acción firme y decidida. La palabra gubernamental sobre la corrupción en el gobierno de Ricardo Rosselló es palabra hueca. En lugar de clarificar y denunciar la corrupción, el silencio hace las veces de tormenta de arena que impide ver la verdad o pretende esconderla.

Como Presidente del Partido Popular entiendo la enorme responsabilidad y el gran reto que tenemos por delante como institución porque para poder aspirar a ser gobierno, tenemos que ofrecerle al país unas garantías que estas prácticas se habrán de erradicar del servicio público. Articular un proyecto para sanear y depurar el gobierno, será una prioridad institucional.

A pesar del golpe a la confianza depositada en un grupo de líderes que no tienen el carácter para representar dignamente y servir a los puertorriqueños, la esperanza de todos tiene que alimentarse de la tenacidad, coraje y determinación que sí definen nuestro carácter colectivo. Reitero, la incapacidad, la insensatez, la inmadurez, la ausencia de prioridades, la corrupción como política pública sólo definen el carácter y la ejecución de Ricardo Rosselló y su equipo de administración gubernamental.

Por último, quiero reaccionar a las expresiones de la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez quien señaló que el gobernador no es, hasta este momento, objeto de investigación. Sobre esto debo decir lo siguiente: la adjudicación de la negligencia y la traición a un país, no lo adjudica un Gran Jurado ni una fiscal federal, lo adjudica el pueblo de Puerto Rico con sus votos en las urnas.