Con la intención de proteger el hogar de miles de familias puertorriqueñas que enfrentan dificultades económicas en medio de la crisis que vive el País, un grupo de representantes del Partido Popular Democrático radicaron hoy el P. de la C. 1250 y la R. de la C. 553, para establecer protecciones adicionales en los procesos de ejecución de hipotecas. Las medidas, radicadas por los representantes Jesús Manuel Ortiz, Ramón Luis Cruz, Luis Ortiz Lugo y Aníbal Díaz, buscan flexibilizar el proceso de mediación compulsoria e investigar las prácticas que ponen en riesgo el historial de crédito de personas que no han incumplido con el pago de su hipoteca, pero que buscan ayuda al anticipar problemas futuros para cumplir con las mismas.
Durante la última década las ejecuciones hipotecarias han aumentado significativamente. Estadísticas del propio gobierno afirman que a marzo de 2017 existían 22,513 hipotecas con más de 90 días en atraso y 16,974 en proceso de ejecución, lo que podría empeorar con la crisis económica que se intensificará en los próximos años. Peor aún, en los primeros seis meses del 2017 se habían llevado a cabo 3,342 ejecuciones hipotecarias.
“No se trata sólo de números; son familias que pierden sus hogares por no tener los recursos para cumplir con su pago mensual. Son datos preocupantes que tenemos que atender de inmediato pues la situación se va a complicar con el inicio del difícil proceso de quiebra que enfrenta Puerto Rico. Es nuestro deber buscar alternativas para garantizar las necesidades más básicas de la gente, evitar la pérdida de su hogar, protegerlos de efectos adversos en su historial de crédito y facilitar acuerdos con las instituciones financieras”, manifestó Ortiz Gonzalez.
El P. de la C. 1250 propone varias enmiendas a la “Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal”. En primer lugar, se establece un proceso automático de mediación compulsoria en el que se ordena la celebración de una vista de mediación compulsoria dentro 15 días de ser emplazado el deudor hipotecario. El mismo es un proceso innovador que busca eliminar el requisito de contestación de la demanda de ejecución por parte del deudor hipotecario para poder obtener una vista de mediación compulsoria. La medida requiere además al acreedor hipotecario presentar al deudor, al menos, una oferta diferente a las ofrecidas durante el proceso de mitigación de perdidas (“loss mitigation”). Asimismo, requiere al acreedor hipotecario adjuntar información detallada sobre el proceso de mediación compulsoria como parte del emplazamiento. Además, incluye en los casos aplicables al proceso de mediación compulsaría a las hipotecas comerciales que están garantizadas por un vivienda principal. De igual forma, la medida legislativa establece que los gastos incurridos en el proceso de mediación los pagará y asumirá el acreedor hipotecario y detiene el proceso legal de cobro de dinero y ejecución hipotecaria hasta que culmine el proceso de mediación.
Por otra parte, la R. de la C. 553 ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar un estudio exhaustivo sobre la práctica de obligar a los deudores hipotecarios a dejar de pagar su hipoteca para poder cualificar para cualquier programa de mitigación de pérdidas.
Esta resolución investigativa busca atender denuncias que apuntan a que en casos donde el deudor hipotecario se encuentra al día en sus pagos, pero solicita el beneficio del programa de mitigación de pérdidas al anticipar que su situación económica le impedirá continuar cumpliendo su obligación, los bancos les requieren dejar de pagar la hipoteca como prerrequisito para acogerse al mismo. Este requerimiento pone en peligro el crédito del deudor, reduciendo así sus posibilidades de recuperarse económicamente.
“Estas medidas tienen el propósito de proveer procesos más accesibles a los deudores hipotecarios y promover la protección del mayor número posible de residencias principales. La crisis económica que vivimos nos obliga a crear opciones para proteger los asuntos más básicos para nuestra gente como lo es el hogar de cada familia puertorriqueña”, indicaron los legisladores populares.