Todas las administraciones del PNP, desde la década de los 90, han establecido como norte conseguir la estadidad para Puerto Rico de forma inmediata. Probablemente, fue la administración de Rosselló, padre, la más agresiva y la que más recursos del gobierno puso sobre la mesa para adelantar esa causa. Fue la que impulsó el Proyecto Young, en todas sus versiones y promovió dos consultas de status locales. De hecho, a Rosselló, médico de profesión, se le comparaba con la figura del prócer José Celso Barbosa, quien también era médico y proponente de la estadidad para Puerto Rico. Pero, ¿cuánto ha avanzado la estadidad como alternativa real en Washington? No mucho. La verdad es que la estadidad no está disponible.
Estados Unidos, con la elección de Donald Trump y la ratificación del Congreso Republicano, se ha unido a la tendencia de elegir movimientos conservadores alrededor de mundo. Estos gobiernos y movimientos de derecha se distinguen por el populismo y el nacionalismo económico. Son peligrosamente antiinmigrantes y promueven el discurso de la exclusión. Esto explica los tweets de Trump de la semana pasada sobre Puerto Rico, en donde expresaba que un “bailout” para nosotros no estaba disponible. Esta semana su administración dijo claramente, que se opone a la asignación de $300 millones para cubrir costos del Medicare en Puerto Rico.
Por otro lado, en el más reciente informe del US General Accountability Office (GAO), sobre el impacto y los costos de la estadidad para Puerto Rico, estableció que de los $5.2 mil millones adicionales que recibiría Puerto Rico, el gobierno federal recuperaría solamente entre $2 y $4 mil millones. Esto sin hablar de los $2.3 mil millones, que, según el estudio, los puertorriqueños tendríamos que pagar en contribuciones federales. A todas luces, la estadidad no es el negocio redondo que el PNP quiere vender.
Hoy el panorama se complica mucho más. El gobierno de Rosselló, luego de decir en la campaña que la deuda se podía pagar; que lo que había que hacer era cambiar a un gobierno más competente; que tenían un plan para pagarle a los bonistas y mantener el gobierno operando, solicitan la aplicación del Título III de PROMESA. El único mecanismo que tiene Puerto Rico para protegerse de sus acreedores. En otras palabras, el gobierno se acogió a un mecanismo especial de quiebra territorial. Más adelante analizaremos lo que esto representa para el futuro de Puerto Rico.
Es por esto que el “Acta de Admisión” presentado por Jenniffer González en el Congreso, todavía no tiene un sólo auspiciador. Esto también explica el silencio de Justicia Federal después del bombazo que le dio a la papeleta original del plebiscito y la carta de los 8 senadores Republicanos en contra del proceso. La realidad arropa a la Administración Rosselló y esto no son buenas noticias para el movimiento estadista criollo. La estadidad no está en el menú.
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