El representante del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, radicó una Resolución Concurrente para que la Asamblea Legislativa exprese su rechazo a la la eliminación de $350 millones en aportaciones que realiza el Gobierno Central a los municipios.
La medida establece que la Legislatura dominada por el PNP, debe en su defecto, apoyar la eliminación de las cargas que el Gobierno Central le impone a los municipios y para las cuales no le brinda los recursos necesarios obligando a éstos a costear los mismos. “Con esta resolución buscamos defender el bolsillo de los ciudadanos a quienes se les aumentará la tasa efectiva de las contribuciones sobre la propiedad inmueble de 0.38% a 0.65% propuestos en el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico”, precisó Ortiz.
La Resolución Concurrente de la Cámara 30, cuenta con la autoría además de los representantes populares Rafael “Tatito” Hernández Montañez, Ramón Luis Cruz Burgos, Brenda López, Roberto Rivera Ruiz de Porras, Conny Varela, Carlos Bianchi Angleró, Luis Raúl Torres y Aníbal Díaz Collazo
La medida establece que la eliminación de estos $350 millones a los municipios los obligará a dejar de proveer algunos servicios que actualmente suplen y que tendrá un costo en el bolsillo de los ciudadanos. Entre estos servicios se encuentras las labores de mantenimiento y transporte escolar, y limpieza y ornato de carreteras. Como cuestión de hecho, ya hay municipios que se han visto obligados a tomar medidas para contrarrestar el recorte de fondos propuestos en el Plan Fiscal. Además, los municipios tendrán que adoptar medidas como cobrar por el servicio de recogido de desperdicios sólidos, por el corte y poda de árboles en propiedades privadas, por el arrendamiento de equipo pesado y la venta de bienes inmuebles, entre otras.
Según un estudio realizado por el Centro de Investigación y Política Pública, existen 40 municipios con más de 40% de sus ingresos operacionales provenientes del Gobierno Central. “La eliminación de las aportaciones que realiza el Gobierno Central a los municipios, según se ha planteado, tiene el efecto de estrangular las finanzas de los ayuntamientos y obliga a los ejecutivos municipales a tomar medidas de reducción de servicios, posible despido de empleados y aumento en contribuciones”, precisó Ortiz.
“Esta Asamblea Legislativa debe aprobar esta Resolución de manera unánime y expresar de manera clara y contundente el rechazo a que la crisis fiscal la tengan que pagar los municipios y la gente. La propuesta de Ricardo Rosselló es un atentado contra los ciudadanos. Mediante este aumento en el impuesto sobre la propiedad, el Gobierno propone recaudar unos $426 millones que saldrán del bolsillo de los que menos tienen. Esto no es otra cosa que trasladar la crisis fiscal a los municipios”, aseguró el Representante.
En la Resolución se establece que para lograr recaudar $426 millones, se tendría que aumentar las contribuciones sobre la propiedad inmueble en un 77%. Lo que implicaría que alguien que actualmente pague $1,000.00 en contribuciones sobre la propiedad, tendrá que pagar $770.00 adicionales. También podría afectar el mercado de bienes raíces. Sobre este particular, distintos ciudadanos han señalando que de concretarse el aumento en el impuesto sobre la propiedad tendrán que entregar sus viviendas a los bancos y trasladarse a vivir a los Estados Unidos, lo que acentuaría la inmigración. De igual forma, y según el Censo Federal, hay más de 300,000 personas que viven en viviendas alquiladas, quienes, al igual, se verán afectadas directamente.
En aras de garantizar los servicios esenciales que prestan los municipios a nuestros ciudadanos, es necesario que esta Asamblea Legislativa exprese vehementemente su rechazo a la implementación de la eliminación de estos $350 millones en aportaciones que realiza el Gobierno Central a los municipios.